Eficacia de la vacuna contra el covid-19: un dilema ético
La inmunidad colectiva, también conocida como inmunidad de rebaño, ocurre cuando una gran proporción de la población se vuelve inmune a una enfermedad específica, llevando a que la propagación de esta disminuya. Aunque aún no es claro si un individuo que estuvo contagiado puede volver a contraer Covid-19, alrededor del mundo se ha contemplado la inmunidad de rebaño como un mecanismo de defensa colectiva contra la propagación de este virus.
Alterno a lo anterior, una vacuna podría ser la solución. Con corte al 31 de julio de 2020, 27 vacunas alrededor del mundo ya se encontraban en ensayos en humanos, de las cuales seis se encontraban en fase III y una estaba aprobada para uso limitado[1]. Sin embargo, cabe resaltar que, en promedio, la elaboración de una vacuna toma entre 10 y 15 años, incluyendo una etapa previa de consecución de recursos para llevar a cabo la investigación. A pesar de esto, dada la urgencia del desarrollo de una vacuna contra el Covid-19, el proceso de creación se ha acelerado, posibilitando, en el mediano plazo, y teniendo en cuenta la carencia de evidencia para la inmunidad colectiva, una solución al virus.
Sin embargo, y teniendo en cuenta que la vacuna puede llegar a ser la única solución, no deja de ser una preocupación las consecuencias éticas que esto pueda traer. Más allá de la preocupación por los efectos no investigados que pueda traer la creación de una vacuna en tan corto tiempo, la posible monopolización en la distribución y la capacidad de fabricación masiva de esta resulta ser un serio problema. ¿Se debería regular la aplicación de la vacuna contra el Covid-19?
Supongamos que los ensayos de las vacunas son exitosos. Los países y las farmacéuticas que desarrollan estas vacunas tienen la capacidad suficiente para la fabricación masiva de estas. Además, la comercialización se da de manera libre y el precio de adquisición de estas se ajusta a los factores económicos de todos los países. Cada país tiene la capacidad instalada suficiente para aplicar la vacuna a todos sus ciudadanos de la manera más rápida posible, contemplando la capacidad de pago de cada uno de los ciudadanos. Ahora bien, en Colombia llega el día en el que se empiezan a ofrecer las vacunas contra el Covid-19. Sin embargo, hay quienes se declaran movimiento anti vacunación, y no acuden a aplicarse dicha vacuna. Por otro lado, se encuentran quienes empiezan a dudar de los efectos no estudiados que puede traer la vacuna, sustentan su posición en la rapidez con la que se elaboró, argumentando que no se han estudiado los efectos secundarios que la vacuna pueda generar en el mediano y largo plazo.
Esperando que la mayoría de los supuestos anteriores se cumplan, igual restan unos que no dependen de capacidades técnicas o científicas, sino de comportamientos del ser humano, que dependen de factores psicológicos, sociales, o cognitivos que afectan la toma de decisiones. Al final la decisión de vacunarse se toma de manera individual y no es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, al analizar de manera sistémica el resultado global sobre la toma de decisiones individuales frente a la vacunación, se obtiene que no se podrá combatir el Covid-19 si un gran porcentaje de la población no acude a vacunarse. Finalmente, el riesgo de contagio seguirá siendo alto. Esto seguramente llevaría a que el aislamiento social se siguiera contemplando como la solución más eficiente y eficaz, continuando con los efectos económicos que ya son evidentes.
¿Se debería entonces dejar de lado la libertad en la toma de decisiones individuales, y las implicaciones éticas de esto, y obligar a los ciudadanos a aplicarse la vacuna contra el Covid-19 como forma de maximizar el bienestar de la sociedad? O, por el contrario, ¿se deberían contemplar nuevas herramientas de política pública como Nudges[2] que estimulen a los ciudadanos a aplicarse la vacuna? Sin embargo, queda la pregunta ¿es ético que sea obligatoria, o que se promueva, la aplicación de una vacuna de la cual no se conocen los efectos secundarios en el largo plazo?
Camila Cuéllar Pizano
Profesional en Gobierno y asuntos públicos
[1] Coronavirus Vaccine Tracker. The New York Times. 31 de julio de 2020.
[2] El concepto, introducido por el nobel de economía Richard H. Thaler, coautor del libro “Nudge” (2008), se refiere a la manera de "empujar" a la población a tomar decisiones que las beneficien a largo plazo, algo que tiene influencia tanto en la economía como en la política.
Alterno a lo anterior, una vacuna podría ser la solución. Con corte al 31 de julio de 2020, 27 vacunas alrededor del mundo ya se encontraban en ensayos en humanos, de las cuales seis se encontraban en fase III y una estaba aprobada para uso limitado[1]. Sin embargo, cabe resaltar que, en promedio, la elaboración de una vacuna toma entre 10 y 15 años, incluyendo una etapa previa de consecución de recursos para llevar a cabo la investigación. A pesar de esto, dada la urgencia del desarrollo de una vacuna contra el Covid-19, el proceso de creación se ha acelerado, posibilitando, en el mediano plazo, y teniendo en cuenta la carencia de evidencia para la inmunidad colectiva, una solución al virus.
Sin embargo, y teniendo en cuenta que la vacuna puede llegar a ser la única solución, no deja de ser una preocupación las consecuencias éticas que esto pueda traer. Más allá de la preocupación por los efectos no investigados que pueda traer la creación de una vacuna en tan corto tiempo, la posible monopolización en la distribución y la capacidad de fabricación masiva de esta resulta ser un serio problema. ¿Se debería regular la aplicación de la vacuna contra el Covid-19?
Supongamos que los ensayos de las vacunas son exitosos. Los países y las farmacéuticas que desarrollan estas vacunas tienen la capacidad suficiente para la fabricación masiva de estas. Además, la comercialización se da de manera libre y el precio de adquisición de estas se ajusta a los factores económicos de todos los países. Cada país tiene la capacidad instalada suficiente para aplicar la vacuna a todos sus ciudadanos de la manera más rápida posible, contemplando la capacidad de pago de cada uno de los ciudadanos. Ahora bien, en Colombia llega el día en el que se empiezan a ofrecer las vacunas contra el Covid-19. Sin embargo, hay quienes se declaran movimiento anti vacunación, y no acuden a aplicarse dicha vacuna. Por otro lado, se encuentran quienes empiezan a dudar de los efectos no estudiados que puede traer la vacuna, sustentan su posición en la rapidez con la que se elaboró, argumentando que no se han estudiado los efectos secundarios que la vacuna pueda generar en el mediano y largo plazo.
Esperando que la mayoría de los supuestos anteriores se cumplan, igual restan unos que no dependen de capacidades técnicas o científicas, sino de comportamientos del ser humano, que dependen de factores psicológicos, sociales, o cognitivos que afectan la toma de decisiones. Al final la decisión de vacunarse se toma de manera individual y no es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, al analizar de manera sistémica el resultado global sobre la toma de decisiones individuales frente a la vacunación, se obtiene que no se podrá combatir el Covid-19 si un gran porcentaje de la población no acude a vacunarse. Finalmente, el riesgo de contagio seguirá siendo alto. Esto seguramente llevaría a que el aislamiento social se siguiera contemplando como la solución más eficiente y eficaz, continuando con los efectos económicos que ya son evidentes.
¿Se debería entonces dejar de lado la libertad en la toma de decisiones individuales, y las implicaciones éticas de esto, y obligar a los ciudadanos a aplicarse la vacuna contra el Covid-19 como forma de maximizar el bienestar de la sociedad? O, por el contrario, ¿se deberían contemplar nuevas herramientas de política pública como Nudges[2] que estimulen a los ciudadanos a aplicarse la vacuna? Sin embargo, queda la pregunta ¿es ético que sea obligatoria, o que se promueva, la aplicación de una vacuna de la cual no se conocen los efectos secundarios en el largo plazo?
Camila Cuéllar Pizano
Profesional en Gobierno y asuntos públicos
[1] Coronavirus Vaccine Tracker. The New York Times. 31 de julio de 2020.
[2] El concepto, introducido por el nobel de economía Richard H. Thaler, coautor del libro “Nudge” (2008), se refiere a la manera de "empujar" a la población a tomar decisiones que las beneficien a largo plazo, algo que tiene influencia tanto en la economía como en la política.