Estamos a tiempo
La nueva realidad tiene consternada a la humanidad. Subyacen reflexiones y desafíos profundos, especialmente en países con dificultades importantes previas a esta crisis. En Colombia, retos como la protección de los más vulnerables y el control de la expansión de la pandemia requieren soluciones inmediatas, sin embargo, los problemas estructurales, anteriores a la pandemia, persisten. Uno de estos es el asesinato de líderes sociales. El 25 de marzo, en su casa en la comuna 8 de Medellín, John Restrepo, admirable líder social de su comunidad, fue víctima de un atentado. Afortunadamente, las heridas no fueron suficientes para acabar con la vida de John. Sin embargo, Carlota Salinas en Bolívar, Mario Rivadeneira en el Putumayo, entre otros, si perdieron la vida.
El asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia no es reciente ni responde únicamente a los últimos gobiernos. Adicionalmente, estos ciudadanos son quienes lideran las luchas para superar dificultades de sus comunidades y constituyen la figura más próxima a un Estado. Además, en un contexto de construcción de paz, su rol es fundamental, dado que sus causas se enfocan en la defensa de comunidades víctimas del conflicto y del uso sistemático de la violencia. Por lo tanto, la muerte de estos líderes, además de perder el derecho a la vida, implica que se atente contra movimientos sociales y políticos esenciales en la construcción de una sociedad pluralista. No obstante, ha habido un crecimiento preocupante en el asesinato de estos líderes en los últimos años.
Juan Fernando Vargas y sus co-autores encuentran en un artículo reciente que, paradójicamente, el anuncio del proceso de paz con las FARC incrementó el asesinato de líderes. Este efecto se explica por las disputas entre grupos armados por el territorio. Por un lado, las FARC reemplazaba al Estado en algunas zonas, así su reincorporación llevó a que estas zonas quedaron sin autoridad. Por otro lado, en el territorio ocupado por la guerrilla había presencia de cultivos ilícitos, de esta forma, la disputa entre los grupos armados por los recursos en juego recrudeció la violencia.
Este artículo invita a desentrañar los componentes del Acuerdo y explorar consecuencias no deseadas para ver de qué manera se pueden modificar. Así, el primer componente del Acuerdo, el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) pretende reducir el área sembrada de coca a través de acuerdos comunitarios e incentivos a las familias cultivadoras. En este proceso, los líderes sociales han ejercido liderazgos visibles en los acuerdos comunitarios y en la implementación del PNIS. Por lo tanto, es posible que esta exposición haya aumentado su vulnerabilidad frente a grupos armados involucrados con cultivos ilícitos. No tengo evidencia causal del PNIS en el asesinato de líderes sociales, no obstante, su evolución sí presentó un cambio estructural a partir del 2017, año en que inició la implementación del PNIS. Desde 2005, los municipios cocaleros que han sido beneficiarios del PNIS y los que no han tenido tasas de asesinatos de líderes sociales similares. En el 2016, 0.61 líderes sociales por cada 100.000 habitantes fueron asesinados en promedio en municipios beneficiarios y 0.55 en municipios cocaleros que no recibieron el PNIS. Sin embargo, en 2018 la tasa fue de 4.35 para el primer tipo de municipios y de 1.57. para los cocaleros sin PNIS.
Por estos costos en vidas humanas y la baja efectividad para reducir el área cultivada y la oferta de cocaína, los programas orientados a disminuir los cultivos deberían repensarse, iniciando por el PNIS. Ajustes a algunos componentes del Acuerdo podrían evitar ciertas dinámicas de violencia y también el aumento de la deforestación generado por el proceso de paz.
Lucas Marín Llanes - Estudiante de Economía
El asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia no es reciente ni responde únicamente a los últimos gobiernos. Adicionalmente, estos ciudadanos son quienes lideran las luchas para superar dificultades de sus comunidades y constituyen la figura más próxima a un Estado. Además, en un contexto de construcción de paz, su rol es fundamental, dado que sus causas se enfocan en la defensa de comunidades víctimas del conflicto y del uso sistemático de la violencia. Por lo tanto, la muerte de estos líderes, además de perder el derecho a la vida, implica que se atente contra movimientos sociales y políticos esenciales en la construcción de una sociedad pluralista. No obstante, ha habido un crecimiento preocupante en el asesinato de estos líderes en los últimos años.
Juan Fernando Vargas y sus co-autores encuentran en un artículo reciente que, paradójicamente, el anuncio del proceso de paz con las FARC incrementó el asesinato de líderes. Este efecto se explica por las disputas entre grupos armados por el territorio. Por un lado, las FARC reemplazaba al Estado en algunas zonas, así su reincorporación llevó a que estas zonas quedaron sin autoridad. Por otro lado, en el territorio ocupado por la guerrilla había presencia de cultivos ilícitos, de esta forma, la disputa entre los grupos armados por los recursos en juego recrudeció la violencia.
Este artículo invita a desentrañar los componentes del Acuerdo y explorar consecuencias no deseadas para ver de qué manera se pueden modificar. Así, el primer componente del Acuerdo, el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) pretende reducir el área sembrada de coca a través de acuerdos comunitarios e incentivos a las familias cultivadoras. En este proceso, los líderes sociales han ejercido liderazgos visibles en los acuerdos comunitarios y en la implementación del PNIS. Por lo tanto, es posible que esta exposición haya aumentado su vulnerabilidad frente a grupos armados involucrados con cultivos ilícitos. No tengo evidencia causal del PNIS en el asesinato de líderes sociales, no obstante, su evolución sí presentó un cambio estructural a partir del 2017, año en que inició la implementación del PNIS. Desde 2005, los municipios cocaleros que han sido beneficiarios del PNIS y los que no han tenido tasas de asesinatos de líderes sociales similares. En el 2016, 0.61 líderes sociales por cada 100.000 habitantes fueron asesinados en promedio en municipios beneficiarios y 0.55 en municipios cocaleros que no recibieron el PNIS. Sin embargo, en 2018 la tasa fue de 4.35 para el primer tipo de municipios y de 1.57. para los cocaleros sin PNIS.
Por estos costos en vidas humanas y la baja efectividad para reducir el área cultivada y la oferta de cocaína, los programas orientados a disminuir los cultivos deberían repensarse, iniciando por el PNIS. Ajustes a algunos componentes del Acuerdo podrían evitar ciertas dinámicas de violencia y también el aumento de la deforestación generado por el proceso de paz.
Lucas Marín Llanes - Estudiante de Economía