insensatez
El diseño de políticas públicas es un proceso demandante. A los responsables de esta tarea no se les puede exigir el conocimiento profundo de todas las dimensiones sobre las que deben decidir; los ciudadanos tampoco tienen la responsabilidad de conocer las implicaciones y la lógica detrás de cada política. Por lo tanto, el aporte de la academia es fundamental. Es tan exigente entender cada tema a profundidad, que los investigadores, a lo largo de su vida, se especializan en una dimensión de sus respectivas disciplinas, y así se convierten en autoridades en esos temas específicos. Es labor y responsabilidad de los hacedores de política, a partir de estos conocimientos, implementar intervenciones basadas en evidencia que aumenten el bienestar social.
Algunas dimensiones son tan complejas, que no hay acuerdo sobre la favorabilidad frente a una u otra política; en otras, hay consenso sobre los beneficios o costos sociales. Este es el caso, por ejemplo, de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. El acuerdo social para proteger a los menores existe, por esto, la propuesta de cadena perpetua es tan seductora y popular. Sin embargo, como lo afirman de manera reiterada, investigadores y académicos, las consecuencias de esta intervención son devastadoras. No en vano, el 100% de los académicos que discutieron esta propuesta, en la Comisión Primera del Senado, estuvieron en contra del proyecto de ley. Estas intervenciones de expertos, que han dedicado sus vidas a entender ese fenómeno, no fueron tenidas en cuenta y se aprobó la ley el pasado jueves.
Los días sin impuestos es otra dimensión en la que no existe disenso entre los expertos. Estos afirman que esa medida no tiene efectos sobre el crecimiento económico ni sobre el consumo, únicamente desplaza el consumo en el tiempo. Adicionalmente, reduce el ahorro de los hogares por el aumento en precios y es regresivo porque beneficia a los hogares de mayores ingresos. Pese a esta evidencia, el Gobierno Nacional, en la más reciente reforma tributaria, logró aprobar 3 días al año sin IVA. Como política para reactivar la economía en la presente crisis, el Gobierno programó esos 3 días durante el periodo en el que se espera la mayor expansión de la pandemia en Colombia.
Como era previsible, algunos comerciantes aumentaron los precios de sus productos y los consumidores salieron a aprovechar los “descuentos”. Nada inesperado. Esta medida generó incentivos para que las personas salieran de sus hogares durante la expansión más grande del contagio: insensatez. Las intervenciones de política deben generar incentivos para aumentar el bienestar social. ¿Por qué se implementan políticas públicas que alejan a la sociedad del bienestar social?
No creo que sea falta de conocimiento de los hacedores de política sobre la evidencia y recomendaciones de los académicos. Tampoco creo que los académicos deban vincularse al sector público para implementar sus recomendaciones. Cada uno aporta desde su posición. El problema radica en que los líderes políticos priorizan intervenciones que maximizan su electorado, que rayan con el populismo punitivo y tributario, sobre el bienestar social.
En el mismo sentido, existe una discusión actual sobre la reapertura de los colegios. Con algo de ingenuidad y esperanza, espero que la insensatez no mantenga a los niños, niñas y adolescentes sin asistir a las instituciones de educación. La evidencia muestra que el cierre de colegios no tiene efecto en la disminución del contagio, mientras que afecta de manera negativa el desarrollo cognitivo y emocional de los niños en el largo plazo. Los menores de edad no votan, sin embargo, la garantía de sus derechos es un mandato constitucional y merecen que luchemos por su bienestar.
Lucas Marín Llanes
Estudiante de Economía
Algunas dimensiones son tan complejas, que no hay acuerdo sobre la favorabilidad frente a una u otra política; en otras, hay consenso sobre los beneficios o costos sociales. Este es el caso, por ejemplo, de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. El acuerdo social para proteger a los menores existe, por esto, la propuesta de cadena perpetua es tan seductora y popular. Sin embargo, como lo afirman de manera reiterada, investigadores y académicos, las consecuencias de esta intervención son devastadoras. No en vano, el 100% de los académicos que discutieron esta propuesta, en la Comisión Primera del Senado, estuvieron en contra del proyecto de ley. Estas intervenciones de expertos, que han dedicado sus vidas a entender ese fenómeno, no fueron tenidas en cuenta y se aprobó la ley el pasado jueves.
Los días sin impuestos es otra dimensión en la que no existe disenso entre los expertos. Estos afirman que esa medida no tiene efectos sobre el crecimiento económico ni sobre el consumo, únicamente desplaza el consumo en el tiempo. Adicionalmente, reduce el ahorro de los hogares por el aumento en precios y es regresivo porque beneficia a los hogares de mayores ingresos. Pese a esta evidencia, el Gobierno Nacional, en la más reciente reforma tributaria, logró aprobar 3 días al año sin IVA. Como política para reactivar la economía en la presente crisis, el Gobierno programó esos 3 días durante el periodo en el que se espera la mayor expansión de la pandemia en Colombia.
Como era previsible, algunos comerciantes aumentaron los precios de sus productos y los consumidores salieron a aprovechar los “descuentos”. Nada inesperado. Esta medida generó incentivos para que las personas salieran de sus hogares durante la expansión más grande del contagio: insensatez. Las intervenciones de política deben generar incentivos para aumentar el bienestar social. ¿Por qué se implementan políticas públicas que alejan a la sociedad del bienestar social?
No creo que sea falta de conocimiento de los hacedores de política sobre la evidencia y recomendaciones de los académicos. Tampoco creo que los académicos deban vincularse al sector público para implementar sus recomendaciones. Cada uno aporta desde su posición. El problema radica en que los líderes políticos priorizan intervenciones que maximizan su electorado, que rayan con el populismo punitivo y tributario, sobre el bienestar social.
En el mismo sentido, existe una discusión actual sobre la reapertura de los colegios. Con algo de ingenuidad y esperanza, espero que la insensatez no mantenga a los niños, niñas y adolescentes sin asistir a las instituciones de educación. La evidencia muestra que el cierre de colegios no tiene efecto en la disminución del contagio, mientras que afecta de manera negativa el desarrollo cognitivo y emocional de los niños en el largo plazo. Los menores de edad no votan, sin embargo, la garantía de sus derechos es un mandato constitucional y merecen que luchemos por su bienestar.
Lucas Marín Llanes
Estudiante de Economía