priorizar la educación rural, hoy más que nunca
La crisis que estamos viviendo nos obliga a enfrentar retos a nivel individual, como el de adaptarnos al confinamiento, limitar las salidas, evitar el contacto social, alejarnos de personas que queremos, cambiar la rutina, trabajar y estudiar desde la casa, entre muchos otros. A la vez, enfrentamos otros retos como sociedad, que ponen sobre la mesa preguntas como las siguientes; ¿Cómo responder desde el sistema de salud a la pandemia del COVID-19? ¿Cómo evitar o reducir la velocidad del contagio? ¿Cómo adaptar el sistema financiero para que las empresas sigan operando? ¿Cómo garantizarle a quienes hacen parte del sector informal un mínimo de ingresos durante la cuarentena? ¿Cómo proteger a las mujeres que son víctimas de violencia al interior de sus hogares? Ninguno de estos es un desafío fácil, no tenemos respuestas claras sobre qué hacer ni cómo hacerlo.
El sector educativo es uno que enfrenta, al igual que otros, retos muy complejos para responder a la crisis del Coronavirus. Según la UNESCO, una de las consecuencias adversas del virus es que ha interrumpido el aprendizaje de niños y jóvenes, especialmente para los estudiantes más desfavorecidos que usualmente tienen menos oportunidades educativas por fuera del colegio. Por otro lado, afecta la nutrición de los niños y jóvenes que dependen de las comidas que en las instituciones educativas se les otorgaban. Otra de las implicaciones que se destacan es que las tasas de deserción probablemente vayan a aumentar si no se garantiza que los niños y jóvenes regresen y permanezcan en la escuela cuando éstas vuelvan a abrir (UNESCO, 2020). Siendo así, es evidente que el reto va más allá de logar trasladar las clases a los medios virtuales.
Las brechas que existen en nuestro país entre la educación en zonas rurales y urbanas provocan que las consecuencias adversas que genera el COVID-19 afecten en mayor medida a los menos privilegiados. En este sentido, no sólo es necesario garantizar que los estudiantes del país puedan continuar con sus procesos de aprendizaje, sino que, detrás, hay un reto aún mayor: no perpetuar las brechas de desigualdad que genera la actual crisis. Esto es especialmente importante para países como Colombia, donde menos de la mitad de los estudiantes tienen computador e internet en el 96% de los municipios del país según el Laboratorio de Economía de la Educación.
El Ministerio de Educación, ha hecho esfuerzos enormes por garantizar la continuidad en la educación a nivel nacional a pesar del confinamiento, disponiendo de plataformas virtuales como “Aprender Digital”, “Profe en Tu Casa” y “3,2,1 Edu-Acción” que ofrecen contenidos educativos para apoyar a los profesores y padres, apoyándose también en siete canales regionales que transmitan programas educativos. A pesar de esto, los esfuerzos no han sido suficientes hasta el momento pues la mayoría de los niños, niñas y adolescentes en zonas rural no tienen acceso a internet y esto les impide acceder a algunos de estos contenidos, tener comunicación con sus profesores, recibir o enviar material pedagógico, etc. Sumado a esto, no todos los hogares disponen de computadores, tabletas o dispositivos electrónicos, haciendo aún más difícil el proceso de virtualización.
Poder conectar a los estudiantes de zonas rurales del país, por medio de un paquete mínimo de datos y acceso a internet, les permitiría seguir aprendiendo y aprovechar el material que se ha dispuesto. La Asociación de la Industria Móvil de Colombia, en alianza con el MinTIC, tienen la capacidad y obligación de llevar internet a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que habitan las zonas rurales del país.
Es necesario garantizar el acceso a internet y a otras formas de comunicación virtual de manera urgente en las zonas rurales de Colombia, pues los estudiantes necesitan continuar con su proceso de aprendizaje aún en medio de la crisis. El gobierno debe aprovechar la ventana de oportunidad que la crisis ha abierto para apuntarle a disminuir las brechas educativas, evitar la deserción y garantizar los derechos de los niños y niñas; ellos representan una población vulnerable y la situación actual frente al COVID-19 puede agravar su condición. De no actuar ahora las brechas de desigualdad podrían ahondarse.
Natalia Martín Cuéllar
Estudiante de Ciencia Política y Gobierno y asuntos públicos
El sector educativo es uno que enfrenta, al igual que otros, retos muy complejos para responder a la crisis del Coronavirus. Según la UNESCO, una de las consecuencias adversas del virus es que ha interrumpido el aprendizaje de niños y jóvenes, especialmente para los estudiantes más desfavorecidos que usualmente tienen menos oportunidades educativas por fuera del colegio. Por otro lado, afecta la nutrición de los niños y jóvenes que dependen de las comidas que en las instituciones educativas se les otorgaban. Otra de las implicaciones que se destacan es que las tasas de deserción probablemente vayan a aumentar si no se garantiza que los niños y jóvenes regresen y permanezcan en la escuela cuando éstas vuelvan a abrir (UNESCO, 2020). Siendo así, es evidente que el reto va más allá de logar trasladar las clases a los medios virtuales.
Las brechas que existen en nuestro país entre la educación en zonas rurales y urbanas provocan que las consecuencias adversas que genera el COVID-19 afecten en mayor medida a los menos privilegiados. En este sentido, no sólo es necesario garantizar que los estudiantes del país puedan continuar con sus procesos de aprendizaje, sino que, detrás, hay un reto aún mayor: no perpetuar las brechas de desigualdad que genera la actual crisis. Esto es especialmente importante para países como Colombia, donde menos de la mitad de los estudiantes tienen computador e internet en el 96% de los municipios del país según el Laboratorio de Economía de la Educación.
El Ministerio de Educación, ha hecho esfuerzos enormes por garantizar la continuidad en la educación a nivel nacional a pesar del confinamiento, disponiendo de plataformas virtuales como “Aprender Digital”, “Profe en Tu Casa” y “3,2,1 Edu-Acción” que ofrecen contenidos educativos para apoyar a los profesores y padres, apoyándose también en siete canales regionales que transmitan programas educativos. A pesar de esto, los esfuerzos no han sido suficientes hasta el momento pues la mayoría de los niños, niñas y adolescentes en zonas rural no tienen acceso a internet y esto les impide acceder a algunos de estos contenidos, tener comunicación con sus profesores, recibir o enviar material pedagógico, etc. Sumado a esto, no todos los hogares disponen de computadores, tabletas o dispositivos electrónicos, haciendo aún más difícil el proceso de virtualización.
Poder conectar a los estudiantes de zonas rurales del país, por medio de un paquete mínimo de datos y acceso a internet, les permitiría seguir aprendiendo y aprovechar el material que se ha dispuesto. La Asociación de la Industria Móvil de Colombia, en alianza con el MinTIC, tienen la capacidad y obligación de llevar internet a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que habitan las zonas rurales del país.
Es necesario garantizar el acceso a internet y a otras formas de comunicación virtual de manera urgente en las zonas rurales de Colombia, pues los estudiantes necesitan continuar con su proceso de aprendizaje aún en medio de la crisis. El gobierno debe aprovechar la ventana de oportunidad que la crisis ha abierto para apuntarle a disminuir las brechas educativas, evitar la deserción y garantizar los derechos de los niños y niñas; ellos representan una población vulnerable y la situación actual frente al COVID-19 puede agravar su condición. De no actuar ahora las brechas de desigualdad podrían ahondarse.
Natalia Martín Cuéllar
Estudiante de Ciencia Política y Gobierno y asuntos públicos