Ya sabemos dónde, pero no sabemos cómo: un comentario a "¿por dónde empezar?"
La semana pasada, en este mismo espacio, Ana Restrepo Londoño publicó una columna en la que invitaba a pensar en la interdisciplinariedad del derecho como una necesidad para afrontar la crisis por la que atravesamos. Concuerdo con ella en esa necesidad y, en particular, en que la administración de justicia debe dejar de ser un monopolio de los abogados. Sin embargo, creo que la pregunta que propone Restrepo en su artículo no es la pregunta central que nos plantea la pandemia. Ya sabemos dónde empezar, el problema es que no hemos podido ponernos de acuerdo en cómo hacerlo.
La idea de un expediente judicial electrónico, como lo menciona su artículo, no es una idea nueva. Desde 1996, con la expedición de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, estamos pensando en incorporar tecnología al sistema judicial. El Código Administrativo, del 2011, ordena en su artículo 188 que el expediente electrónico judicial debía implementarse en un plazo no mayor a cinco años desde su promulgación. Algo similar dice el Código General del Proceso, que estableció la necesidad de un plan de justicia digital. Han pasado casi diez años, y no hay visos de ni uno ni otro.
Desafortunadamente, hay muchas trabas que han hecho que esas buenas ideas sean letra muerta. Una de las más importantes, es que quienes han pretendido implementarlo, son abogados y creo que lo último que necesita la Rama es eso: necesitamos, como lo dijo Ana, más interdisciplinariedad para impulsar estos cambios. Es fundamental empezar a implementarlos de manera ágil y concreta.
Creo —y espero— que esta pandemia es el impulso que necesitaba el sistema para hacer esos cambios tan necesarios. Por ahora, se han podido implementar algunas soluciones buenas. El Decreto 491 de 2020, por ejemplo, facilita los temas de notificaciones electrónicas, firmas de los documentos y uso de medios electrónicos, entre otros. En materia de tutela ya se están adelantando trámites por vía de correo electrónico. También hay experiencias de las que la Rama puede aprender: la justicia arbitral no se ha detenido por la pandemia y ha podido continuar con sus procesos, inclusive realizando audiencias virtuales.
El marco normativo existe. Hay consenso en la necesidad de cambio. El verdadero reto viene con la implementación: necesitamos mejorar la infraestructura de la Rama, capacitar a los funcionarios y desprendernos de la cultura formalista que nos tiene amarrados al papel.
La nueva realidad que ha traído el coronavirus no puede ser igual a la anterior. Por salud pública elemental, no podremos volver a los ascensores congestionados de los juzgados, ni a las montañas de papeles manoseados, y mucho menos a la precariedad de los baños de las instalaciones. Darwin, hablando de las especies, afirmó que no sobreviven las más fuertes o las más inteligentes: lo hacen las que mejor se adaptan a los cambios. El sistema judicial, a pesar de no ser una especie, no puede eludir esa lógica. Nuestra democracia no puede permitirse que eso ocurra: las sociedades podemos vivir sin dodos, pero no podemos hacerlo sin justicia.
Sergio E. Hernández Ramos
Estudiante de Derecho y Economía
La idea de un expediente judicial electrónico, como lo menciona su artículo, no es una idea nueva. Desde 1996, con la expedición de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, estamos pensando en incorporar tecnología al sistema judicial. El Código Administrativo, del 2011, ordena en su artículo 188 que el expediente electrónico judicial debía implementarse en un plazo no mayor a cinco años desde su promulgación. Algo similar dice el Código General del Proceso, que estableció la necesidad de un plan de justicia digital. Han pasado casi diez años, y no hay visos de ni uno ni otro.
Desafortunadamente, hay muchas trabas que han hecho que esas buenas ideas sean letra muerta. Una de las más importantes, es que quienes han pretendido implementarlo, son abogados y creo que lo último que necesita la Rama es eso: necesitamos, como lo dijo Ana, más interdisciplinariedad para impulsar estos cambios. Es fundamental empezar a implementarlos de manera ágil y concreta.
Creo —y espero— que esta pandemia es el impulso que necesitaba el sistema para hacer esos cambios tan necesarios. Por ahora, se han podido implementar algunas soluciones buenas. El Decreto 491 de 2020, por ejemplo, facilita los temas de notificaciones electrónicas, firmas de los documentos y uso de medios electrónicos, entre otros. En materia de tutela ya se están adelantando trámites por vía de correo electrónico. También hay experiencias de las que la Rama puede aprender: la justicia arbitral no se ha detenido por la pandemia y ha podido continuar con sus procesos, inclusive realizando audiencias virtuales.
El marco normativo existe. Hay consenso en la necesidad de cambio. El verdadero reto viene con la implementación: necesitamos mejorar la infraestructura de la Rama, capacitar a los funcionarios y desprendernos de la cultura formalista que nos tiene amarrados al papel.
La nueva realidad que ha traído el coronavirus no puede ser igual a la anterior. Por salud pública elemental, no podremos volver a los ascensores congestionados de los juzgados, ni a las montañas de papeles manoseados, y mucho menos a la precariedad de los baños de las instalaciones. Darwin, hablando de las especies, afirmó que no sobreviven las más fuertes o las más inteligentes: lo hacen las que mejor se adaptan a los cambios. El sistema judicial, a pesar de no ser una especie, no puede eludir esa lógica. Nuestra democracia no puede permitirse que eso ocurra: las sociedades podemos vivir sin dodos, pero no podemos hacerlo sin justicia.
Sergio E. Hernández Ramos
Estudiante de Derecho y Economía